OPINIÓN: Bogotá: Petrogate
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El Petrogate
Insisto en calificar de desastrosa la gestión de Petro, pero no estoy de acuerdo en que lo destituyan por "mal alcalde", como lo pretende Ordóñez.
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Muchos de sus malquerientes ni siquiera han leído el pliego de cargos, ni las providencias sancionatorias, tal vez ni el mismo procurador, quien en su juego siniestro delegó en dos subalternos la investigación contra el burgomaestre, para ponerse a salvo de las consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales a las que sí han quedado expuestos sus firmones esbirros.
Para empezar, es preciso saber quiénes denunciaron en la Procuraduría a Petro, porque esa nómina de fortuitos acusadores permanece en la sombra: tres concejales —uno de ellos enredado en el carrusel de la contratación—, dos ciudadanos, el personero, el representante Miguel Gómez Martínez —impulsador de la revocatoria del alcalde— y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, contertulio del festivo grupillo al que con frecuencia concurre William Vélez, industrial de las basuras y otros negocios.
Nadie habla de que el pliego de cargos enjuicia a Petro por atreverse a defender el patrimonio público reclamando la aplicación del artículo 19 de la ley 80 de 1993, el cual prevé que al término de un contrato de concesión, los bienes utilizados deben revertir a propiedad del Estado sin compensación alguna, para que pueda seguirse prestando el servicio. Insólito que para sustentar la acusación, la Procuraduría sostuviera en contra de la ley y la sentencia C-250/96, que la cláusula de reversión era discutible, para lo cual invocó torcidamente como criterio de autoridad el concepto de una oficina de abogados. De abrirse camino esta tesis, el raponazo al erario será generalizado. El Distrito dejaría de recibir 700 carros compactadores, que podrían valer 70 mil millones.
Por qué el procurador afirma que las decisiones de Petro causaron daño, si lo que está por ocurrir es que por cuenta de la destitución se generen irreparables perjuicios a las arcas distritales. La contratadora Morelli —aliada con un procurador que no decide las recusaciones que ella ha formulado contra quienes la pueden sancionar, para permitirle que nadie la investigue— defiende la decisión de la Procuraduría, sosteniendo, sin fórmula de juicio, que el Distrito sufrió daños, cuando ello no está probado. Entre procurador y contratadora hay una alianza perversa y peligrosa, que sólo sirve a sus mezquinos intereses, porque ninguno ha querido comprobar si es o no verdad que el nuevo esquema de basuras significó un ahorro de 50 mil millones.
Y mientras al magistrado Armenta le llueven rayos y centellas por no declararse impedido, cuando no estaba obligado a hacerlo, los medios no se enteran de que Eduardo Enrique Tovar Añez —curiosamente exgerente de Petrocomercializadora S.A, una firma contratista del Distrito— interpuso una temeraria acción de cumplimiento en el Juzgado 7 administrativo de Bogotá, para que le ordenaran a Petro aplicar una norma de libre competencia que favorecía a empresarios de las basuras, la cual se falló en su contra, y a pesar de eso volvió a formularla sin éxito en el Juzgado 9 administrativo. Por eso se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar el fraude procesal. ¿Quién está detrás de esta maniobra?
Tampoco nadie ha evaluado que mientras la Procuraduría destituye a Petro por considerar ilegales sus decretos sobre basuras —564 y 570 de 2012— la justicia contenciosa no los suspendió, porque prima facie no le parecieron contrarios a la ley.
Y si faltaren datos de la intención de perseguir a Petro que anida en el corazón corrompido del procurador y sus áulicos, basta con la leguleyada de los abogados que le soplaron la demencial tesis de la supuesta invalidez de la medida de suspensión de la destitución decretada por un tribunal, dizque porque esta última no existe por no haberse notificado a Petro y Santos. Qué tal, el propio autor de la destitución diciendo que el acto no existe. Morirán con el alma prendida a un inciso.
Adenda. ¿Y por qué nadie se escandaliza con la discriminación social, racial, sexual, que se ejerce desde la flamante y poderosa iglesia católica, apostólica y romana?
El Petrogate
Insisto en calificar de desastrosa la gestión de Petro, pero no estoy de acuerdo en que lo destituyan por "mal alcalde", como lo pretende Ordóñez.
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Muchos de sus malquerientes ni siquiera han leído el pliego de cargos, ni las providencias sancionatorias, tal vez ni el mismo procurador, quien en su juego siniestro delegó en dos subalternos la investigación contra el burgomaestre, para ponerse a salvo de las consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales a las que sí han quedado expuestos sus firmones esbirros.
Para empezar, es preciso saber quiénes denunciaron en la Procuraduría a Petro, porque esa nómina de fortuitos acusadores permanece en la sombra: tres concejales —uno de ellos enredado en el carrusel de la contratación—, dos ciudadanos, el personero, el representante Miguel Gómez Martínez —impulsador de la revocatoria del alcalde— y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, contertulio del festivo grupillo al que con frecuencia concurre William Vélez, industrial de las basuras y otros negocios.
Nadie habla de que el pliego de cargos enjuicia a Petro por atreverse a defender el patrimonio público reclamando la aplicación del artículo 19 de la ley 80 de 1993, el cual prevé que al término de un contrato de concesión, los bienes utilizados deben revertir a propiedad del Estado sin compensación alguna, para que pueda seguirse prestando el servicio. Insólito que para sustentar la acusación, la Procuraduría sostuviera en contra de la ley y la sentencia C-250/96, que la cláusula de reversión era discutible, para lo cual invocó torcidamente como criterio de autoridad el concepto de una oficina de abogados. De abrirse camino esta tesis, el raponazo al erario será generalizado. El Distrito dejaría de recibir 700 carros compactadores, que podrían valer 70 mil millones.
Por qué el procurador afirma que las decisiones de Petro causaron daño, si lo que está por ocurrir es que por cuenta de la destitución se generen irreparables perjuicios a las arcas distritales. La contratadora Morelli —aliada con un procurador que no decide las recusaciones que ella ha formulado contra quienes la pueden sancionar, para permitirle que nadie la investigue— defiende la decisión de la Procuraduría, sosteniendo, sin fórmula de juicio, que el Distrito sufrió daños, cuando ello no está probado. Entre procurador y contratadora hay una alianza perversa y peligrosa, que sólo sirve a sus mezquinos intereses, porque ninguno ha querido comprobar si es o no verdad que el nuevo esquema de basuras significó un ahorro de 50 mil millones.
Y mientras al magistrado Armenta le llueven rayos y centellas por no declararse impedido, cuando no estaba obligado a hacerlo, los medios no se enteran de que Eduardo Enrique Tovar Añez —curiosamente exgerente de Petrocomercializadora S.A, una firma contratista del Distrito— interpuso una temeraria acción de cumplimiento en el Juzgado 7 administrativo de Bogotá, para que le ordenaran a Petro aplicar una norma de libre competencia que favorecía a empresarios de las basuras, la cual se falló en su contra, y a pesar de eso volvió a formularla sin éxito en el Juzgado 9 administrativo. Por eso se compulsaron copias a la Fiscalía para investigar el fraude procesal. ¿Quién está detrás de esta maniobra?
Tampoco nadie ha evaluado que mientras la Procuraduría destituye a Petro por considerar ilegales sus decretos sobre basuras —564 y 570 de 2012— la justicia contenciosa no los suspendió, porque prima facie no le parecieron contrarios a la ley.
Y si faltaren datos de la intención de perseguir a Petro que anida en el corazón corrompido del procurador y sus áulicos, basta con la leguleyada de los abogados que le soplaron la demencial tesis de la supuesta invalidez de la medida de suspensión de la destitución decretada por un tribunal, dizque porque esta última no existe por no haberse notificado a Petro y Santos. Qué tal, el propio autor de la destitución diciendo que el acto no existe. Morirán con el alma prendida a un inciso.
Adenda. ¿Y por qué nadie se escandaliza con la discriminación social, racial, sexual, que se ejerce desde la flamante y poderosa iglesia católica, apostólica y romana?
Ramiro Bejarano | Elespectador.com
posted by geo_libres at 9:01 AM
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